Caso Mérida: la acusación narco acorrala al poder en Sinaloa
El uniforme de mando quedó atrás. Gerardo Mérida Sánchez, general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante una corte federal de Nueva York vestido con el uniforme caqui de los detenidos y bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La escena resume el tamaño de la crisis: quien estuvo al frente de la seguridad estatal enfrenta ahora acusaciones por presuntamente proteger a Los Chapitos a cambio de sobornos.
El caso ya no puede reducirse a una disputa diplomática ni a una declaración incómoda llegada desde Washington. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Mérida Sánchez de recibir más de 100 mil dólares mensuales en efectivo durante 2023 y 2024. A cambio, presuntamente alertó a la facción criminal sobre operativos dirigidos contra laboratorios de drogas.
La acusación todavía debe probarse ante un tribunal. Mérida Sánchez se declaró no culpable. Pero el problema político para Sinaloa comenzó antes de que exista una sentencia: el expediente cuestiona directamente la capacidad del gobierno estatal para explicar qué ocurría dentro de su propia estructura de seguridad.
La jueza Katherine Polk Failla dio a la Fiscalía dos meses para procesar y entregar a la defensa la evidencia reunida. Las partes deberán comparecer nuevamente el 4 de agosto. Durante la audiencia del 1 de junio, la jueza señaló que existe “mucha” información relacionada con Mérida Sánchez y otros coacusados, de acuerdo con corresponsales presentes en la sala.
El expediente no termina en el exsecretario
Mérida Sánchez no aparece solo. El Departamento de Justicia incluyó en la acusación a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y a otras nueve personas que ocupan o han ocupado cargos públicos o policiales en la entidad. Entre ellas se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La Fiscalía estadounidense sostiene que los señalados desempeñaron distintos papeles para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa: desde proteger cargamentos y filtrar información sensible hasta permitir que integrantes de la organización actuaran sin consecuencias. Son acusaciones formales, no hechos judicialmente acreditados.
El punto más delicado es político. El expediente no describe únicamente la conducta aislada de un funcionario. Presenta la hipótesis de una red que habría alcanzado distintos niveles del poder estatal. Si la Fiscalía logra sostener esa narrativa con pruebas, el golpe no recaerá solamente sobre un exsecretario: alcanzará el corazón de la administración sinaloense.
La soberanía no puede sustituir las explicaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas claras y ha sostenido que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito. También ha advertido que, sin evidencia suficiente, las imputaciones podrían responder a una motivación política.
La exigencia de debido proceso es válida. México no está obligado a aceptar como verdad automática cada señalamiento emitido desde Estados Unidos. Pero la defensa de la soberanía tampoco puede convertirse en una respuesta única frente a acusaciones de esta magnitud.
El Gobierno mexicano enfrenta una disyuntiva. Puede limitarse a cuestionar el origen político del expediente o puede abrir una revisión interna suficientemente clara para responder una pregunta elemental: ¿qué investigaron las autoridades mexicanas sobre los funcionarios señalados antes de que la justicia estadounidense pusiera el caso sobre la mesa?
La presión aumentó después de que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses, según Reuters. Su situación procesal deberá precisarse mediante documentos judiciales públicos, pero su comparecencia amplía el alcance del caso y reduce el margen para presentarlo como un episodio aislado.
Sinaloa enfrenta una crisis de credibilidad
El expediente todavía tiene un largo camino judicial. No hay condenas. Tampoco existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas señaladas. Esa cautela debe mantenerse en cada párrafo.
Pero la presunción de inocencia no elimina el deber de rendir cuentas. Cuando un exsecretario de Seguridad es acusado de filtrar operativos antidrogas a cambio de pagos mensuales y el gobernador aparece entre los imputados, el silencio institucional deja de ser una estrategia suficiente.
La pregunta ya no es solamente qué demostrará la Fiscalía estadounidense. También importa qué hará México para investigar sus propias estructuras sin convertir la soberanía en escudo partidista ni las acusaciones extranjeras en sentencia anticipada.
El caso Mérida abrió una grieta en el poder de Sinaloa. El proceso judicial dirá si esa grieta corresponde a responsabilidades individuales o si revela una red más profunda. Mientras tanto, el gobierno estatal y el federal tienen una deuda inmediata: explicar, investigar y transparentar.