Crisis de vivienda en CDMX: solo se construyen 400 de 32 mil casas económicas proyectadas
La promesa de impulsar vivienda asequible en la Ciudad de México enfrenta un fuerte rezago administrativo y normativo. Aunque el gobierno capitalino anunció medidas para agilizar permisos y reducir tiempos de gestión, la construcción de vivienda económica permanece prácticamente paralizada: de 32 mil unidades proyectadas, apenas entre 300 y 400 avanzan actualmente por parte de desarrolladores privados, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México.
El diagnóstico exhibe una contradicción entre el discurso oficial y la realidad operativa del sector inmobiliario. Mientras la administración capitalina presume simplificación de trámites mediante la Ventanilla Única Inmobiliaria y acuerdos de facilidades administrativas, empresarios del ramo sostienen que los proyectos continúan “entrampados” en procesos burocráticos, restricciones urbanas y falta de certeza regulatoria.
De acuerdo con Jorge Gordon Ramos, presidente de Canadevi Valle de México, uno de los principales obstáculos sigue siendo el tiempo requerido para obtener autorizaciones. Algunos desarrollos tardan hasta tres años únicamente en conseguir licencias y permisos, a lo que se suman hasta cuatro años más para completar el proceso constructivo y comercial. El resultado es una desaceleración severa en un mercado donde la demanda de vivienda asequible continúa creciendo, especialmente en zonas céntricas.
El sector también cuestiona el alcance limitado de la Norma 26, instrumento creado para fomentar vivienda de interés social. Aunque el gobierno capitalino reactivó este esquema, desarrolladores advierten que sus restricciones impiden construir en colonias centrales y en terrenos que anteriormente funcionaban como bodegas o espacios industriales, justamente donde existe mayor presión habitacional y acceso a infraestructura urbana.
La problemática no se limita a la capital. Canadevi reporta que más de 185 proyectos habitacionales permanecen detenidos en distintas regiones del país a la espera de autorizaciones gubernamentales. Sin embargo, en la Ciudad de México el impacto adquiere mayor dimensión por el déficit acumulado de vivienda asequible y el constante incremento en precios de renta y compra.
En febrero de 2025, el gobierno de la Ciudad de México presentó la Ventanilla Única Inmobiliaria como una herramienta para acelerar procedimientos vinculados con la Norma 26. Posteriormente, en agosto del mismo año, publicó un Acuerdo de Facilidades Administrativas con el que prometió reducir hasta 85 por ciento el tiempo de resolución de 11 trámites considerados prioritarios para el sector de la construcción.
Entre las reducciones anunciadas destacan los dictámenes de impacto ambiental, que pasarían de 40 días a solo un día hábil; los trámites de protección civil, de 120 a 10 días; los dictámenes estructurales, de 225 a 15 días; y las factibilidades de agua, de 80 a 10 días hábiles. No obstante, representantes empresariales afirman que dichos beneficios todavía no se reflejan en avances tangibles de obra ni en una liberación masiva de proyectos.
Especialistas en desarrollo urbano advierten que el rezago administrativo no solo afecta a constructoras, sino que también profundiza el problema de acceso a vivienda para sectores medios y trabajadores. La falta de oferta nueva en zonas con servicios y conectividad eleva los costos del mercado inmobiliario y empuja a miles de familias hacia la periferia metropolitana, aumentando tiempos de traslado y presión sobre la infraestructura regional.
El escenario plantea un reto para la política habitacional de la capital: equilibrar la regulación urbana con mecanismos ágiles y transparentes que permitan detonar vivienda asequible sin abrir espacios a discrecionalidad o especulación inmobiliaria. Mientras ese equilibrio no se concrete, los anuncios de simplificación administrativa seguirán contrastando con un sector que avanza a un ritmo muy por debajo de las metas oficiales.