Cuando el río suena es porque agua lleva, pero en el terreno del periodismo, el papelito siempre habla. Tras las recientes declaraciones del exconsejero jurídico del Ejecutivo federal que apuntaban a un presunto clientelismo, la revisión minuciosa del Diario Oficial de la Federación (DOF) ofrece una radiografía muy distinta sobre el caso Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Los textos legales que dan sustento al pago de compensaciones a los antiguos agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) muestran una arquitectura jurídica diseñada para la contención del daño. Lejos de las versiones que acusan un cheque al portador, el esquema operó con candados específicos en materia de presupuesto y litigios.
El punto central de la controversia recae en el origen de los recursos. La narrativa de un gasto desmedido y extraordinario se topa con el artículo transitorio que prohíbe tajantemente la solicitud de ampliaciones presupuestales. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) tuvo que rascarse con sus propias uñas y usar su presupuesto ya etiquetado.
Aunado a esto, el flanco jurídico del decreto funcionó como una válvula de escape para el Estado. La exigencia innegociable de que los beneficiarios se desistieran de cualquier pleito contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desactivó una auténtica bomba de tiempo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La capital del país fue testigo durante más de una década de marchas y plantones de un gremio que buscaba justicia laboral. Sin embargo, el esquema actual no fue un pase libre para las masas; se focalizó quirúrgicamente en un censo de casi 9,000 trabajadores que, en 2009, se quedaron a nada de alcanzar su jubilación por ley.
Para evitar que alguien se pasara de listo, las autoridades hacendarias incluso tuvieron que meter reversa y publicar una fe de erratas. Este movimiento técnico, que a menudo pasa desapercibido, fue la pieza clave para prohibir la duplicidad de beneficios y proteger la salud de las finanzas públicas.
Los especialistas en derecho administrativo coinciden en que la operación representó un mal menor para las arcas de la nación. Al amarrarle las manos a los despachos privados que hacían su agosto con los litigios interminables, el gobierno capitalizó un ahorro a largo plazo.
El debate político seguirá encendido en los pasillos y en las librerías, pero los archivos de la administración pública son fríos y exactos. La compensación a los ex electricistas, evaluada desde la óptica técnica, se aleja de la dádiva para acercarse a una liquidación de pasivos contingentes.
Para el ciudadano que paga sus impuestos puntualmente, la lectura de los anexos del DOF brinda certeza. Los mecanismos de austeridad aplicados en este decreto demuestran que, más allá de la grilla de coyuntura, los números del gobierno federal tuvieron que cuadrar a la perfección.
