La mañana en San Lázaro arrancó con un ambiente más inquieto de lo habitual. Lo que parecía una sesión ordinaria se volvió terreno de fricciones cuando surgió la propuesta de adelantar la discusión del dictamen de la nueva Ley de Aguas, un tema que desde hace meses trae nerviosos a agricultores, productores y organizaciones que dependen del recurso para sobrevivir.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, fue clara: no está de acuerdo con el “fast track”. Dijo que entiende las reglas internas y que, si la mayoría del pleno decide mover el orden del día, ella conducirá la sesión como marca el cargo, pero no por eso dejará de señalar que acelerar un debate así puede dejar fuera voces importantes.
La propuesta de la Jucopo llegó firmada por Morena, Movimiento Ciudadano, el PVEM y el PT. Del otro lado, PAN y PRI pidieron frenar la prisa y dar más tiempo a la discusión. No se trata solo de diferencias partidistas: la tensión refleja lo delicado que es legislar sobre el agua en un país con sequías, disputas por concesiones y regiones enteras al borde del desabasto.
López Rabadán recordó que esta semana escuchó directamente a campesinos y productores de 11 estados. La petición fue la misma en cada reunión: no acelerar una ley que impactará a casi 600 mil personas que hoy tienen una concesión vigente. Muchos de ellos ni siquiera han tenido oportunidad de revisar a detalle los cambios, pero sí saben que cualquier modificación podría afectar su trabajo, su ingreso y hasta la vida de sus comunidades.
Mientras adentro se discutían procedimientos, afuera del Palacio Legislativo se veía el reflejo de ese temor. Agricultores y transportistas llegaron con tractores, camiones y lonas para pedir ser tomados en cuenta. La diputada presidenta reconoció la manifestación como respetuosa y reiteró que el derecho a protestar está garantizado. Dijo además que ha podido hablar con quienes se plantaron en la zona y que entiende sus preocupaciones.
El debate no es menor. La Ley de Aguas no solo define reglas: ordena quién tiene acceso, cuánto puede usar y bajo qué condiciones. Por eso el ambiente está tan cargado. Una ley mal discutida puede desatar conflictos regionales; una bien consultada puede evitar crisis.
Al final, todo quedará en manos del pleno. Si la mayoría decide adelantar la discusión, López Rabadán llevará el debate con imparcialidad, aunque sus reservas queden claras. Y mientras los diputados se preparan para votar, afuera el mensaje ya está dado: el campo quiere ser escuchado antes de que el Congreso cierre un capítulo que, para muchas personas, no tiene vuelta atrás.
