Se tenìa que decir y se dijo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del registro digital de contratos de arrendamiento en la Ciudad de México, restringiendo la información a datos esenciales para fines estadísticos y de monitoreo, en una decisión que busca equilibrar transparencia y protección de datos personales.
El máximo tribunal del país confirmó que el incremento anual de rentas en la Ciudad de México deberá apegarse al índice inflacionario, al considerar que la medida es proporcional y compatible con la libertad contractual y la protección social.
La Suprema Corte respalda límite anual ligado a la inflación; decisión impacta a miles de inquilinos en la capital y reaviva debate sobre regulación del mercado inmobiliario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión del proyecto que valida el artículo 60 sobre desalojos en la Ciudad de México, luego de protestas de vecinos y colectivos que bloquearon durante horas los accesos al máximo tribunal del país.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para analizar la constitucionalidad del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, norma clave en la protección contra desalojos forzosos que fue modificada en 2019 tras presiones del sector inmobiliario y cuya eliminación de garantías detonó una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del cobro del 2% a empresas como Uber por el uso de infraestructura capitalina, al revocar un amparo previo y reconocer que este ingreso es un aprovechamiento destinado a compensar impactos en movilidad.
La Suprema Corte falla contra Ricardo Salinas Pliego.
El empresario deberá pagar más de 50 MIL MILLONES DE PESOS al SAT por adeudos fiscales de Elektra y TV Azteca.
Reclama disculpa pública e indemnización mientras la jurisprudencia derivada de su caso protege a víctimas de relaciones impropias.
Con esta medida se refuerza la protección a mujeres, niñas y niños frente a una de las formas más crueles de violencia.
Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, advierte: la Ley de Amparo necesita ajustes y la retroactividad no es viable. Además, su gestión ya mejora productividad y busca un equipo más técnico y cercano a la ciudadanía.