La venta de refrescos, frituras y productos ultraprocesados en las inmediaciones de escuelas capitalinas volvió al centro del debate público luego de que el Congreso de la Ciudad de México exhortó a autoridades educativas y alcaldías a implementar estrategias para inhibir la comercialización de comida “chatarra” dirigida a niñas, niños y adolescentes. La medida surge en medio del aumento de casos de sobrepeso y obesidad infantil en el país, un problema que especialistas y organismos de salud consideran ya una crisis de salud pública.
Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, el Congreso local aprobó un Punto de Acuerdo promovido por la diputada Valeria Cruz Flores, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías diseñar acciones que desincentiven la venta de bebidas azucaradas, dulces, golosinas y alimentos con altos contenidos calóricos en las inmediaciones de planteles educativos.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, argumentó que el entorno alimentario que rodea a muchas escuelas facilita el acceso cotidiano de menores de edad a productos de bajo valor nutricional y alto impacto en la salud. Desde tribuna, advirtió que enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y padecimientos cardiovasculares ya se presentan en edades tempranas, fenómeno que antes se asociaba principalmente con la población adulta.
El exhorto también contempla campañas de concientización dirigidas a comunidades escolares para promover hábitos de alimentación saludable. Sin embargo, el llamado legislativo vuelve a colocar bajo revisión la limitada capacidad de vigilancia y regulación que históricamente han mostrado las autoridades frente al comercio informal instalado en calles cercanas a escuelas públicas y privadas.
Aunque en los últimos años se han impulsado medidas federales y locales para restringir la venta de productos ultraprocesados dentro de planteles educativos, la comercialización en el espacio público continúa siendo una zona gris. En distintos puntos de la capital persisten puestos ambulantes que ofrecen refrescos, frituras y alimentos altamente procesados a bajo costo, especialmente durante horarios de entrada y salida escolar.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, México se mantiene entre los países con mayores índices de obesidad infantil a nivel mundial. Diversos estudios han advertido que el consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados está relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles y problemas metabólicos desde edades tempranas.
La propuesta legislativa plantea que las alcaldías y autoridades educativas refuercen acciones de verificación administrativa y supervisión en las inmediaciones de escuelas. No obstante, hasta ahora no se detallaron posibles sanciones, mecanismos de control o alcances específicos de las medidas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad real de inhibir este tipo de comercio en la vía pública.
El debate también expone la tensión entre salud pública, economía informal y hábitos de consumo. Mientras autoridades buscan reducir la exposición de menores a productos considerados dañinos, miles de comerciantes dependen económicamente de las ventas en zonas escolares, un escenario que podría complicar la aplicación de restricciones más severas.
Especialistas en salud pública han insistido en que combatir la obesidad infantil requiere políticas integrales que incluyan educación nutricional, acceso a alimentos saludables, espacios seguros para actividad física y regulación efectiva de la publicidad dirigida a menores, además de acciones de supervisión en entornos escolares.
