El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, denunció este viernes la existencia de financiamiento externo y vínculos con partidos políticos de oposición detrás de las recientes movilizaciones de productores de frijol. La administración estatal señala que el conflicto ha transitado de una exigencia laboral a una estrategia de desestabilización política dirigida.
Las investigaciones internas sugieren que actores externos, identificados como intermediarios o «coyotes», están utilizando el descontento de un sector minoritario para presionar al Ejecutivo estatal. Estas acciones incluyen el uso de violencia física y la emisión de amenazas de muerte documentadas contra personal de la Secretaría General de Gobierno.
Reyes Mugüerza rechazó públicamente haber solicitado medidas de protección personales ante la Fiscalía General de Justicia, a pesar de haber acudido a dicha instancia para acompañar las denuncias de sus colaboradores. El funcionario enfatizó que la integridad del aparato gubernamental está bajo asedio por intereses de índole electoral.
El convenio firmado el 29 de marzo, que servía como hoja de ruta para la resolución del conflicto, ha sido utilizado por grupos de oposición como plataforma de confrontación. El gobierno afirma que, al haberse cumplido y superado las cuotas de acopio, no existe fundamento legal para la continuación de los bloqueos y las agresiones.
La retórica de los líderes de la protesta ha sido vinculada con narrativas de partidos políticos contrarios a la administración actual. Según el balance de la política interna, el financiamiento de estas movilizaciones busca generar una percepción de ingobernabilidad en vísperas de fechas de alta relevancia social y económica para la entidad.
El Estado advirtió que no se tolerarán comportamientos que vulneren la paz pública bajo el disfraz de manifestación social. La fiscalización de los recursos utilizados en las protestas es ya una línea de investigación activa para determinar el origen de los fondos que mantienen activos los bloqueos en puntos estratégicos.
La administración estatal reiteró que el diálogo sigue abierto, pero bajo la condición innegociable de retornar a la legalidad. Se hizo un llamado enérgico a los actores políticos involucrados para que retiren su injerencia en un tema que, técnicamente, ha sido resuelto mediante el acopio de casi dos mil toneladas de grano.
