La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha desplegado un programa nacional de inspección dirigido a los establecimientos de turismo wellness que ofrecen tratamientos terapéuticos y medicina ancestral. La medida responde al auge de centros de retiro en Riviera Nayarit y Baja California que, bajo la etiqueta de «experiencias detox», operan sin las licencias sanitarias correspondientes para procedimientos invasivos o el uso de sustancias psicotrópicas en ceremonias rituales.
La fiscalización se extiende al manejo de los recursos obtenidos por el cobro de paquetes premium, los cuales oscilan entre los 5,000 y 15,000 dólares. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado inconsistencias en el reporte de ingresos de empresas que operan bajo regímenes de fomento turístico pero que brindan servicios de salud privada. La investigación busca determinar si existe una elusión fiscal mediante la clasificación errónea de servicios médicos como actividades recreativas.
Un punto crítico de la nueva normativa es la protección de la propiedad intelectual de las tradiciones indígenas, como el temazcal. El decreto presidencial de 2026 exige que los centros de bienestar paguen una regalía directa a las comunidades originarias por el uso comercial de sus prácticas ancestrales. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en la revocación inmediata de las concesiones de uso de suelo en zonas federales marítimo-terrestres.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también ha iniciado auditorías sobre las condiciones laborales de los guías y terapeutas comunitarios. Se investiga si los grandes desarrollos turísticos están cumpliendo con las prestaciones de ley para el personal que ejecuta las ceremonias tradicionales, quienes frecuentemente son contratados bajo esquemas de servicios externos sin seguridad social, a pesar de la alta rentabilidad que generan para los inversionistas.
En el Congreso de la Unión, se debate una reforma a la Ley General de Salud para tipificar los servicios de «retiro espiritual con fines de lucro». La propuesta busca establecer un marco de responsabilidad civil ante posibles daños físicos o psicológicos sufridos por los turistas durante programas de ayuno prolongado o terapias no supervisadas. La falta de un padrón nacional de prestadores de servicios wellness dificulta la rendición de cuentas en casos de negligencia.
Por su parte, los grupos de cabildeo de la industria hotelera argumentan que el exceso de regulación podría frenar la llegada de capitales extranjeros. Sin embargo, la postura del gobierno federal es clara: el crecimiento del sector no debe comprometer la legalidad ni la integridad de los usuarios. La transparencia en los contratos de servicios y la acreditación técnica del personal son ahora requisitos innegociables para mantener la denominación de «Destino Wellness Certificado».
Este proceso de saneamiento administrativo busca elevar los estándares de la oferta mexicana frente al mercado internacional. Al cierre de mayo de 2026, se han clausurado temporalmente 12 establecimientos en el Valle de Guadalupe por deficiencias en sus protocolos de manejo de residuos biológico-infecciosos. La fiscalización permanente se mantendrá como el eje rector para garantizar que el turismo de bienestar sea un motor de desarrollo ordenado y apegado a derecho.
