La diputada Kenia López Rabadán denunció una presunta persecución política por parte del bloque mayoritario en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Según la presidenta de la Mesa Directiva, el uso de las instituciones legislativas para promover desafueros contra mandatarios que combaten activamente al narcotráfico representa un abuso de poder y una ofensa a la inteligencia ciudadana.
La legisladora vinculó las amenazas de juicio político con los recientes operativos estatales que resultaron en el desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua. Para López Rabadán, la intención de Morena de remover el fuero a Campos carece de sustento legal y ético, calificándolo como un castigo contra quienes ejecutan acciones directas contra el crimen organizado.
En contraste, la diputada cuestionó la falta de celeridad judicial contra gobernantes señalados por presuntos nexos con cárteles. López Rabadán instó a los actores políticos a definir su postura frente al Estado de derecho, sugiriendo que la persecución contra la administración de Chihuahua distrae de la crisis de seguridad que afecta al 30% del territorio nacional.
Sobre la presencia de agencias extranjeras como la CIA o la DEA en territorio mexicano, la presidenta de la Permanente afirmó que cualquier intervención debe ser investigada bajo las reglas de las instituciones nacionales. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad primaria de combatir la corrupción en los gobiernos estatales y locales recae exclusivamente en el Estado mexicano.
López Rabadán aclaró que, a pesar de los anuncios mediáticos del grupo mayoritario, no existe una solicitud de desafuero radicada formalmente ante la Cámara de Diputados. Esta ausencia de documentos oficiales refuerza, según su visión, la tesis de que se trata de una estrategia de intimidación política más que de un procedimiento jurídico fundamentado en hechos delictivos.
La diputada también defendió la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa como una ruta legal legítima ante la ingobernabilidad. Aseguró que la diferencia entre un juicio político y una desaparición de poderes radica en el cumplimiento de la ley y la protección de las familias, áreas donde considera que el gobierno sinaloense ha fallado sistemáticamente.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a las instituciones mexicanas para resolver los problemas de violencia sin caer en «politiquería». Advirtió que utilizar el Congreso como un arma contra opositores que muestran resultados en seguridad pública debilita la lucha contra el crimen y genera un clima de impunidad que favorece a las organizaciones delictivas.
