Diputados reservan parcialmente datos de aspirantes al INE por protección de información personal
El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad clasificar como parcialmente confidencial la documentación de las personas aspirantes a consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que los expedientes contienen datos personales sensibles que deben protegerse conforme a la ley.
La decisión deja sin efectos el acuerdo aprobado el pasado 15 de mayo y responde a una solicitud del diputado Ricardo Monreal Ávila, quien pidió revisar la clasificación para garantizar la máxima publicidad posible sin vulnerar derechos fundamentales.
Durante una sesión extraordinaria encabezada por Aliza Klip Moshinsky, el órgano colegiado determinó que la información relacionada con 369 personas candidatas debe mantenerse accesible de forma parcial, protegiendo aquellos elementos que contengan datos personales.
El acuerdo establece que la documentación generada, recibida, evaluada o resguardada en el proceso de selección de tres consejerías del INE incluye información que no puede hacerse pública en su totalidad, como firmas autógrafas, datos de contacto, fechas de nacimiento, CURP, domicilios, fotografías y otros identificadores personales.
Entre los documentos sujetos a clasificación parcial se encuentran solicitudes de registro, currículums, actas de nacimiento, cartas bajo protesta, exámenes, hojas de respuesta, evaluaciones individuales y opiniones ciudadanas. En todos estos casos, el Comité determinó que deben protegerse los datos que permitan identificar directamente a las personas.
La resolución se fundamenta en lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de resguardar datos personales cuando su difusión pueda afectar la privacidad de los individuos.
En su argumentación, el Comité señaló que este tipo de clasificación ya ha sido aplicada en procesos anteriores, como la designación de consejeros electorales en 2023, cuando también se restringió parcialmente el acceso a expedientes, evaluaciones y reactivos de examen.
No obstante, en esta ocasión se realizó un nuevo análisis para garantizar que la limitación al acceso a la información cumpla con el principio de proporcionalidad, es decir, que sea el medio menos restrictivo posible para proteger derechos sin impedir la transparencia.
El acuerdo también toma en cuenta que existen procesos legales en curso relacionados con la designación de consejerías del INE, lo que refuerza la necesidad de un manejo cuidadoso de la información.
En ese sentido, el Comité concluyó que la clasificación parcial permite equilibrar dos principios fundamentales: el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la protección de los datos personales de quienes participaron en el proceso.
La decisión se enmarca en un contexto donde la transparencia en los procesos de selección de autoridades electorales es un tema clave para la confianza institucional, al tiempo que se refuerza la obligación legal de resguardar información sensible.