La inacción de la FGR en extradiciones entrega militares a EE.UU.
La adopción de una postura política defensiva por parte del Ejecutivo federal y la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR) han facilitado que perfiles de alto nivel de las fuerzas armadas eludan el sistema de justicia mexicano. La negativa a ejecutar órdenes de detención provisional derivó en la entrega voluntaria del General Gerardo Mérida en Estados Unidos, evidenciando una renuncia fáctica a la obligación de procesar a ciudadanos mexicanos vinculados a redes de macrocriminalidad.
El gobierno federal priorizó la narrativa del «soberanismo» sobre la aplicación estricta del derecho penal internacional. Al negarse a detener a los imputados argumentando falta de información, el Estado cedió la custodia física y probatoria. Esta decisión permitió que exfuncionarios y militares negocien acuerdos de colaboración directamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, operando fuera del radar y control de las autoridades mexicanas.
Las declaraciones de la gobernadora de Sinaloa, quien afirmó que al General Mérida «lo puso el ejército», exponen una vulnerabilidad estructural en el proceso de rendición de cuentas. Esta filtración sugiere que los nombramientos de seguridad pública respondieron a imposiciones directas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio anterior, conectando las redes de poder castrense con las investigaciones que ahora radican en las cortes de Nueva York.
La omisión de iniciar carpetas de investigación en México elimina cualquier barrera legal contra la extracción de inteligencia. La FGR tenía la obligación y la facultad de utilizar el Artículo 10 del Tratado de Extradición para procesar internamente los delitos señalados por Washington. Al abstenerse de hacerlo, la dependencia dejó al Estado sin herramientas jurídicas para reclamar la jurisdicción sobre los presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado.
El control de la narrativa judicial se ha trasladado íntegramente a los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Con la entrega de archivos físicos y dispositivos electrónicos en la frontera de Arizona, Estados Unidos posee ahora el monopolio sobre la evidencia procesal. México ha quedado relegado al papel de espectador, imposibilitado para auditar, refutar o utilizar la información que los exmandos militares están aportando a fiscales extranjeros.
La exigencia de reciprocidad total por parte del Ejecutivo mexicano carece de viabilidad sin el respaldo de investigaciones internas transparentes. Estados Unidos justifica su negativa a extraditar a México basándose en la falta de garantías de seguridad institucionales, citando casos donde altos perfiles han escapado o han sido asesinados. Sin procesos sólidos en la FGR, la demanda de trato equitativo se reduce a un argumento político sin peso jurídico.
La falta de rendición de cuentas interna perfila un escenario de aislamiento internacional. Al permitir que la justicia transnacional procese en solitario las colusiones de alto nivel, México consolida su imagen como un sistema incapaz de depurar sus propias instituciones, dejando a la cúpula militar y civil expuesta a requerimientos judiciales extranjeros sin el amparo de un Estado de derecho funcional.