El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusó formalmente al Gobierno del Estado de Chihuahua de utilizar recursos públicos e infraestructura institucional para bloquear el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. El señalamiento ocurre en el marco de las movilizaciones convocadas para este sábado a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa.
El edil juarense afirmó mediante una declaración oficial que la administración estatal instruyó la parálisis deliberada del transporte público concesionado. De acuerdo con el marco constitucional mexicano, la obstaculización de las vías generales de comunicación y la restricción del derecho a la libre asociación constituyen violaciones a las garantías individuales vigentes.
Pérez Cuéllar calificó las acciones gubernamentales como una muestra de autoritarismo administrativo que contradice el discurso público sobre la defensa de las libertades civiles en la entidad. La controversia escala a un nivel de confrontación directa entre el ayuntamiento fronterizo y el ejecutivo estatal asentado en Chihuahua.
Investigaciones locales señalan que grupos identificados de manera oficial como productores del sector agropecuario operaron el cierre de la caseta de peaje Sacramento bajo el resguardo pasivo de las corporaciones policiales estatales. Las denuncias apuntan a una coordinación logística externa orientada a evitar el arribo de manifestantes a los puntos de concentración.
Abogados constitucionalistas de la región informaron que se preparan los recursos legales pertinentes, incluyendo juicios de amparo indirecto, ante las autoridades del Poder Judicial de la Federación. El argumento central se fundamenta en la presunta colusión por omisión de las fuerzas del orden del estado al no restablecer el orden público en los ejes carreteros.
La administración estatal no ha emitido un posicionamiento oficial formal que desmienta o aclare los señalamientos de coacción institucional emitidos por el presidente municipal juarense. El silencio administrativo incrementa la tensión institucional entre las dos fuerzas políticas dominantes en la geografía chihuahuense.
Este conflicto se suscita en un contexto de persistentes disputas por el presupuesto de egresos y las participaciones federales asignadas a los municipios de la frontera norte. El uso de facultades administrativas para incidir en eventos de carácter civil acentúa la división política en la frontera del país.
